Cantabria, la autonomía con el segundo mejor índice en agilidad administrativa en la resolución de expedientes para la Dependencia

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Cantabria es la Comunidad Autónoma con el segundo mejor índice de agilidad administrativa en la resolución de los expedientes de reconocimiento de prestaciones, solo por detrás de Castilla y León y muy por delante del resto de los territorios del Estado, según se ha puesto de manifiesto en la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se ha celebrado hoy mediante videoconferencia.
El Consejo ha aprobado el Plan estatal de reducción de las listas de espera en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que forma parte del Plan de Choque aprobado en enero de este año por este organismo.
Este Plan busca reducir los tiempos que se tardan desde que se presenta una solicitud de reconocimiento y de ayuda a la Dependencia, hasta la percepción del servicio, que en España de media está por encima de los 450 días, mientras que en el caso de Cantabria nos situamos en 218 días, muy cerca de los 180 días que marca la ley.
Cantabria ha votado a favor de este texto que recoge una simplificación de los procedimientos, una mayor digitalización en los sistemas y una mayor coordinación entre administraciones para agilizar el proceso.
En el caso concreto de nuestra Comunidad, la consejera ha explicado que ya se ha iniciado el proceso para implementar la prestación vinculada al servicio lo que permitirá reducir la lista de espera existente de plazas residenciales, y ha indicado que, aunque aquí el tiempo medio entre solicitud y reconocimiento de Grado de dependencia es de solo 57 días y de 42 desde la resolución de Grado y la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), “nuestro objetivo es seguir mejorando y poder reducir este tiempo de espera”.
El Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado además una nueva distribución de una parte de los créditos correspondientes a 2021 para la financiación de proyectos de inversión de las comunidades autónomas, por un importe de 730,8 millones de euros.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha valorado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria a través de la llegada de estos recursos que contribuirán a reforzar el servicio público de dependencia autonómico y prestar una mejor atención a los cántabros y las cántabras.
Para la distribución territorial de los fondos se tienen en cuenta las mismas variables y ponderaciones que se utilizan para en el Plan Concertado de Servicios Sociales: población (90%), superficie (5%), población dependiente (2,3%), dispersión (1,5%), grandes urbes (0,7%) e insularidad (0,5%).
La consejera cántabra ha estado acompañada en el encuentro por la directora del ICASS, Maria Antonia Mora, y por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto.
Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 
El Plan de Choque en Dependencia propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pretende mejorar las prestaciones y servicios de los que se benefician las personas dependientes, reforzar los derechos que le reconoce la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), mejorar y simplificar la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y aumentar significativamente la financiación del Estado. 
En concreto, se proponen como medidas principales establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas estableciendo cuantías mínimas, incrementando las máximas e introduciendo mejoras en su regulación, y ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios.
Además, se plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema, incrementar el nivel mínimo de financiación, analizar y revisar el actual modelo de copago y reconocer la aportación de las entidades locales.

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